La Audiencia provincial de Zaragoza reprueba el Real Decreto Ley sobre Cláusulas Suelo

 

El Polémico R.D. Ley 1/2017, de 20 de enero, exoneraba a los bancos del pago de los gastos judiciales ocasionados al cliente, en aquellos supuestos en que éstos hubiesen acudido a la vía judicial sin pasar previamente por el nuevo sistema de reclamación extrajudicial (supuestamente voluntario para el consumidor) y el banco hubiese reconocido la Nulidad sin oponerse.

Tras la demanda interpuesta por JBBC Abogados contra Bantierra, la entidad financiera se aquietó a reconocer la nulidad de la cláusula suelo de la hipoteca de sus clientes, pese a lo cual el Juzgado de Primera instancia nº. 20 de Zaragoza, a solicitud de nuestros letrados, le impuso las costas judiciales. Dicha Sentencia fue recurrida por el Banco en lo concerniente a las costas.

La Audiencia Provincial de Zaragoza, ratificando la Sentencia de instancia y acogiendo los argumentos expuestos por nuestros profesionales, manifiesta que el legislador se arroga competencias que no le corresponden; deja vacío de contenido la potestad judicial para valorar la buena fe de las partes y la procedencia de la condena en costas; señala así mismo que este R.D., atenta a la normativa especifica en materia de cláusulas abusivas y supone, en definitiva un atentado al art. 24 de la Constitución Española (el derecho a la tutela judicial efectiva), abriendo la puerta a una posible cuestión de inconstitucionalidad sobre el mismo.

 

“El legislador se arroga competencias que no le corresponden”

 

No obstante lo anterior, manifiesta que en este caso concreto puede realizarse una labor “integradora”, y habiendo mediado requerimiento extrajudicial previo por los consumidores dentro del mes siguiente a la aprobación del Real Decreto, sin que la Caja tuviese a bien contestar, siquiera para instarles a la adhesión al sistema de reclamación extrajudicial instaurado, procede la imposición de costas aun no habiendo acudido al procedimiento extrajudicial.

La Sentencia es un nuevo hito judicial alcanzado por este despacho. Porque es injusto que los clientes soporten los gastos derivados del ejercicio de sus derechos contra las malas artes bancarias como ya sentenció en su día el Tribunal Supremo.